¿Por qué debería preocuparnos la corrupción?, ¿por qué debería ser algo significativo que amerita el esfuerzo público y privado? De acuerdo a un Informe, del 2018, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) determinó que la corrupción alcanza negativamente hasta en un 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que significa pérdidas de aproximadamente 21.9 millones de pesos anuales.

La corrupción parece un lastre por los enormes costos económicos, políticos y sociales que implica. El ingreso empresarial es también uno de los sectores afectados, puede llegar a reportar pérdidas de hasta el 5%, según Ernst & Young.

La OCDE calculó que un solo punto de mejora en el índice de Integridad de Países llevaría a un incremento de entre 0.59 y 0.86 en la tasa de crecimiento del PIB per cápita. Ahí la importancia de combatir dicho fenómeno.

El mas reciente estudio Índice de Percepción de la corrupción 2019 determinó que la apreciación del país mejoró 1 punto en comparación al 2018, 29 puntos. En una escala de 0, alta corrupción y 100 mayor transparencia nuestros números son menores si comparamos la puntuación de Dinamarca y Nueva Zelanda, países calificados como los lugares más transparentes, con 87 puntos.

Según el Índice a partir del 2015, México mostró una caída en la medición. En 2014 el país obtuvo 35 puntos. 

Aunque hay una mejora, y puede sugerir un ligero cambio, no podemos desviar el hecho de que México aún es la nación peor evaluada entre los miembros del OCDE: posición 36 de 36. 

En el G20, grupo que contienen a países industrializados, economías emergentes, y al 85% del PIB mundial, México sigue casi al final de la tabla, por debajo de Brasil (35 puntos) y sólo un punto arriba de Rusia (28 puntos).

De acuerdo a la organización Transparencia Mexicana, la mejora es una señal positiva para revertir la tendencia de los últimos años, según la institución el país debería consolidar su sistema Anticorrupción, particularmente a nivel estatal y en los tres poderes, y asegurar una Fiscalía General de la República autónoma e independiente.

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