Organizaciones demandan orden ejecutiva de Donald Trump que busca reformar el sistema electoral

De acuerdo con abc NEWS, un grupo de organizaciones defensoras de derechos civiles presentó este lunes una demanda contra la reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca modificar el sistema electoral federal, acusando al mandatario de intentar imponer “mandatos ilegales” mediante “acciones ilegales”. La demanda, presentada ante un tribunal federal en Washington D.C., argumenta que las medidas propuestas por Trump exceden su autoridad constitucional y amenazan con privar del derecho al voto a millones de ciudadanos.

Detalles de la Demanda y partes involucradas

La demanda fue interpuesta por el Campaign Legal Center y el State Democracy Defenders Fund en representación de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), la Secure Families Initiative y la Arizona Students’ Association. Los demandantes solicitan a un juez federal que bloquee partes de la orden ejecutiva y obligue a la administración Trump a retirar las directrices emitidas.

Entre los acusados figuran la Oficina Ejecutiva del Presidente, la fiscal general Pam Bondi y el Departamento de Justicia, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el Departamento de Defensa, así como la Comisión de Asistencia Electoral (EAC), un organismo independiente encargado de administrar elecciones.

Contenido de la Orden Ejecutiva

La orden, firmada por Trump la semana pasada, argumenta que Estados Unidos “incumple en hacer cumplir protecciones electorales básicas y necesarias”. Entre sus disposiciones clave se incluyen:

1. Requerir prueba de ciudadanía para registrarse como votante, aceptando únicamente pasaportes, identificaciones Real ID, tarjetas militares o identificaciones estatales/federales válidas. Documentos tribales o actas de nacimiento quedan excluidos.
2. Condicionar fondos federales a que los estados establezcan plazos estrictos para recibir boletas por correo, exigiendo que lleguen el día de las elecciones.
3. Ordenar al Departamento de Justicia perseguir delitos electorales en estados que, según la administración, incumplen la ley federal.
4. Modificar el formulario de registro para votantes militares y en el extranjero (Federal Post Card Application), añadiendo requisitos de prueba de ciudadanía y elegibilidad estatal.

Argumentos legales de la Demanda

La demanda sostiene que la orden viola principios constitucionales y legales establecidos:

1. Exceso de autoridad presidencial

Según los demandantes, Trump intenta “usurpar” competencias reservadas al Congreso y a los estados. La Ley de Registro Electoral de 1993 otorga a la EAC autoridad exclusiva para administrar el formulario federal de registro, el cual, por ley, no puede incluir requisitos de autenticación formal como notarizaciones. La orden, al exigir prueba de ciudadanía en este formulario, contradice dicho estatuto.

2. Vulneración del derecho al voto

La demanda señala que solo el 50% de los estadounidenses posee un pasaporte y que la mayoría de las identificaciones Real ID no indican ciudadanía. Esto, según las organizaciones, excluiría a grupos vulnerables, como miembros de comunidades indígenas y estudiantes, que a menudo carecen de los documentos requeridos.

3. Restricciones a votos por correo

Diecisiete estados, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes, permiten contar boletas enviadas antes del día de las elecciones pero recibidas después. La demanda argumenta que estos plazos, respaldados por décadas de práctica y sin intervención del Congreso, son constitucionales bajo las *Cláusulas de Elecciones y Electores*.

4. Impacto en votantes militares y en el extranjero

La modificación del Federal Post Card Application, exigida por la orden, violaría la Ley de Votación Uniformada y Ciudadanos en el Extranjero (UOCAVA) de 1986, diseñada para proteger el derecho al voto de estas poblaciones. El formulario, por ley, debe ser sencillo y accesible, sin requisitos de documentación complejos.

Cifras y contexto

La demanda cuestiona la premisa central de la orden: la supuesta amenaza de fraude electoral por no ciudadanos. Un estudio de más de 23 millones de votos en 2016 identificó solo 30 casos sospechosos (0.0001% del total). Expertos califican este tipo de fraude como un “fenómeno extremadamente raro”.

Además, la orden ignora que Arizona —estado gobernado por republicanos— ya exige prueba de ciudadanía en su formulario estatal de registro, pero la demanda señala que incluso allí, el requisito genera barreras para estudiantes y minorías.

Impacto potencial

Según los demandantes, las medidas afectarían desproporcionadamente a:

– Votantes latinos y comunidades indígenas, que enfrentan mayores obstáculos para obtener documentos como pasaportes.
– Estudiantes y jóvenes, quienes a menudo dependen de identificaciones universitarias o actas de nacimiento.
– Militares y ciudadanos en el extranjero, que verían complicado su acceso a boletas ausentes.

La Arizona Students’ Association argumenta que sus miembros gastarían “tiempo y dinero significativos” para cumplir con los nuevos requisitos, lo que reduciría las tasas de registro. LULAC, por su parte, prevé que sus esfuerzos de registro “caerán en picada”.

Solicitudes de la Demanda

Los demandantes piden al tribunal:

1. Bloquear la implementación de las disposiciones sobre prueba de ciudadanía y plazos de votación por correo.
2. Obligar a la administración a retirar las directrices emitidas bajo la orden.
3. Declarar inconstitucional la interferencia en la autoridad de la EAC y los estados.

Antecedentes relevantes

La demanda recuerda que el Tribunal Supremo ha reconocido que, aunque el día de las elecciones federales es el primer martes de noviembre, procesos como el conteo pueden extenderse después, siempre que las boletas se envíen a tiempo.

Este caso se enmarca en un contexto de tensiones políticas: Trump, acusado en 2023 de intentar anular las elecciones de 2020 (cargos retirados tras su elección en 2024), ha insistido sin pruebas en que el voto por correo facilita el fraude.

La batalla legal destaca el frágil equilibrio entre la autoridad federal y estatal en las elecciones estadounidenses. Mientras la administración Trump insiste en “proteger la integridad electoral”, las organizaciones defensoras advierten que la orden ejecutiva podría erosionar derechos fundamentales. El fallo del tribunal sentará un precedente crucial en vísperas de las elecciones intermedias de 2026.

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