En México, el consumo de cigarros ilegales ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en una realidad cotidiana. Según un reciente informe del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), el tabaco encabeza la lista de los productos más pirateados en el país durante 2024, superando a juguetes, aparatos eléctricos y materias primas. Esta tendencia preocupa tanto a las autoridades como a los comerciantes legales, ya que el mercado ilícito crece sin freno a la vista.
El atractivo de los cigarros pirata está en su bajo precio y fácil disponibilidad. En tianguis como Tepito (Ciudad de México) o Pulga Río (Monterrey), así como en cruceros, esquinas y estaciones del Metro, es común encontrar cajetillas por tan solo 25 pesos, cuando en tiendas legales pueden alcanzar los 85 pesos. Esta diferencia de precio, con márgenes de ganancia del 70% para los vendedores ilegales, hace que el producto sea altamente competitivo, pero a costa de la salud pública y la economía formal.
IMPI alerta: el tabaco encabeza la piratería en 2024
El IMPI no es ajeno al problema. Al ubicar al tabaco como el producto más pirateado del año, lanza una señal clara: el mercado ilegal de cigarrillos está fuera de control. Las marcas apócrifas como Link, Time, Marble e Índigo, muchas de ellas de sabores exóticos como sandía, han ganado terreno especialmente entre los jóvenes y sectores de bajos ingresos. Estas marcas son producidas en su mayoría fuera del país, en lugares como Vietnam, China y Paraguay, aunque ya se detectó infraestructura para su elaboración nacional en estados como Campeche, Jalisco y el Estado de México.
Las autoridades mexicanas, si bien han intentado frenar el consumo de tabaco desde hace décadas —prohibiendo su venta a menores, exigiendo advertencias sanitarias e incluso eliminando su publicidad—, enfrentan un nuevo enemigo: un mercado negro que se mueve ágilmente, aprovecha vacíos regulatorios y se expande tanto en la calle como en internet.
El contrabando crece sin freno en Monterrey y Apodaca
Una investigación de campo realizada por ABC Noticias reveló que el contrabando de cigarros es una realidad visible y constante en Monterrey. Las estaciones del Metro, la Central de Autobuses, y plazas como la Alameda Mariano Escobedo, son puntos donde se comercializan cigarros sueltos desde 5 pesos. En Apodaca, un distribuidor identificado como Carlos ofrece paquetes de 10 cajetillas por precios que van de 165 a 300 pesos, lo que coloca el costo de una cajetilla en apenas 25 pesos, un tercio del precio oficial.
Este modelo de distribución no sólo ha hecho accesible el producto a cualquier consumidor, sino que ha permitido que su presencia en Nuevo León crezca de forma alarmante. Mientras que en 2017 solo el 1.4% del mercado estatal estaba compuesto por cigarros ilegales, para 2023 esta cifra alcanzó el 18.6%, posicionando al estado como el séptimo con mayor presencia de contrabando a nivel nacional.
IMPI y las implicaciones económicas de la piratería tabacalera
La presencia de cigarros ilegales no solo representa un riesgo para la salud, sino un fuerte golpe para las finanzas públicas y la propiedad intelectual. El IMPI subraya que estos productos violan diversas normativas y derechos industriales, al imitar empaques o comercializar marcas apócrifas. Además, según la Conainta (Consejo Nacional de la Industria Tabacalera), se estima que uno de cada cinco cigarros que se consumen en México es ilegal, lo que equivale a unas 350 millones de cajetillas fuera del control fiscal y sanitario.
La falta de regulación efectiva es uno de los factores clave en esta expansión. Aunque la Ley General para el Control del Tabaco otorga a la Secretaría de Salud, SHCP, SEP y Secretaría de Economía facultades para sancionar a quienes comercialicen cigarros ilegales, la coordinación con autoridades estatales y municipales sigue siendo insuficiente para detener su crecimiento.
¿Qué hay detrás del cigarro pirata?
Detrás de una cajetilla de cigarros de 25 pesos hay una red informal que incluye productores clandestinos, contrabandistas internacionales, vendedores ambulantes e incluso distribuidores digitales. Las operaciones suelen ser móviles, lo que dificulta su detección, y muchas veces cuentan con rutas bien establecidas para evitar a las autoridades. Esta informalidad permite que el comercio continúe expandiéndose sin mayores consecuencias legales.
El informe del IMPI y los datos de campo demuestran que el cigarro pirata ha dejado de ser una opción marginal para convertirse en una amenaza estructural. Las políticas públicas deberán adaptarse con urgencia para hacer frente a un mercado ilícito que avanza sin control, poniendo en riesgo tanto la salud de millones como la legalidad del comercio en México.
