Una de las pocas industria que logró tener un buen crecimiento durante el 2019 (año que estuvo marcado por la inestabilidad a causa de la Guerra Comercial entre China y Estados Unidos) fue la de las marcas de lujo. De acuerdo con información de Bain & Company, se registró un incremento del 4 por ciento en todo el mundo en esta categoría. Sin embargo, este sector no ha estado exento de polémica, debido a que firmas como Carolina Herrera y Michael Kors han sido acusadas de plagiar los diseños indígenas mexicanos de distintas regiones del país; sin embargo, esto podría estar por terminar, por medio de las nuevas normativas que buscan salvaguardar del plagio a este tipo de bienes que pertenecen a las comunidades autóctonas.
Entre las leyes que podrían velar por los intereses de las comunidades autóctonas y su patrimonio destaca la Ley General de Salvaguardia de los Elementos de la Cultura e Identidad de los Pueblos y las Comunidades Indígenas, Afrodescendientes y Equiparables, lo cual le brindará las facultades necesarias tanto al Instituto Nacional de los Pueblos indígenas y a la Secretaría de Cultura para que pudieran generar un diálogo con las grandes marcas para generar una comercialización tanto respetuosa como justa de los diseños autóctonos, siempre y cuando esté en la voluntad de sus dueños el querer hacerlo.
En este sentido, Susana Harp, quien además de ser cantante es diputada federal, ha comentado que algunas marcas del segmento de lujo como Pineda Covalin y Louis Vuitton se han acercado a las autoridades mexicanas para establecer un diálogo sobre los diseños indígenas mexicanos, pero, sobre todo, para respetarlos.
La diputada federal comentó, mientras estuvo presente en la conferencia matutina de la Presidencia de la República de el 3 de febrero, que la idea de esta nueva ley no sólo consiste en eliminar el plagio que existe de distintos componentes de las comunidades indígenas, sino que también se busca que ellas sean las dueñas de ese patrimonio inmaterial. En dado caso de romperse dicha normativa, una vez aprobada, se podría generar penalizaciones como prisión de 3 a 10 años o multas que lleguen hasta las 50,000 UMA.
De acuerdo con datos de Statista, se estima que el valor del mercado de los bienes de lujo ha pasado de los 76 a los 281 mil millones de euros para el periodo que comprende de 1996 a 2019.
