Amigos de InformaBTL, vamos directo al punto, sin rodeos y con la verdad pelada, como siempre en esta columna. Aquí no venimos a vender narrativas cómodas ni a echarle la culpa a un solo lado. La igualdad sustantiva de verdad no se trata de hombres contra mujeres. Se trata de proteger a las niñas y niños que quedan atrapados en medio de los pleitos en los juzgados familiares. Porque cuando las familias se rompen con la salud mental dañada, todo el país termina pagando la factura: más problemas emocionales, más dificultades en el futuro, más presión en los servicios de salud y más recursos destinados a seguridad y prevención del delito.Mejores familias, con mejor salud mental, generan sociedades más sanas, mejores entornos laborales, climas sociales más estables y menos gastos en seguridad, menos gastos en prevención del delito.
Así de sencillo. Pero en la Ciudad de México estamos viendo algo preocupante: los niños y niñas se están convirtiendo en rehenes en muchos divorcios y controversias familiares. Abogados y abogadas, de uno y otro lado, aprovechan las denuncias de violencia de género o familiar como herramienta estratégica. No siempre se busca justicia real. En muchos casos se trata de despecho, intereses económicos, disputa por bienes o simple venganza.
Los datos duros duelen: según el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, en cinco años han documentado 5 mil 286 casos afectando a más de 11 mil 100 niños y adolescentes. La estrategia es conocida: denuncia inmediata, medida cautelar que suspende la convivencia, y luego el expediente se estanca. Mientras tanto, los niños pagan con ansiedad, tristeza y un trauma que puede manifestarse años después en conductas de riesgo.
Esta práctica se ha vuelto una moda lamentable en los juzgados familiares. Se separa a los menores de su papá o de su mamá bajo el argumento de “protección”, pero muchas veces sin pruebas sólidas o periciales oportunas. El resultado es violencia silenciosa: niños que crecen sin el arraigo afectivo de ambos progenitores, con el riesgo de que ese vacío explote más adelante en nuestra sociedad.
Y no es solo en la CDMX. En Coahuila, el propio Presidente Magistrado del Poder Judicial, Miguel Felipe Mery Ayup, ha advertido públicamente sobre el incremento de denuncias falsas o infundadas en conflictos familiares, utilizadas como estrategia para obtener la custodia o limitar la convivencia del otro progenitor. Esto afecta directamente a las niñas y niños, que quedan en medio de maniobras que poco tienen que ver con protección real.
Esta práctica se repite en varios estados y erosiona la confianza en el sistema. Se separa a los menores bajo el argumento de “protección”, pero muchas veces sin pruebas sólidas o periciales oportunas.Y aquí hay que señalar con claridad las responsabilidades institucionales:
Bertha Alcalde Luján, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México: urge que la Fiscalía revise con mayor rigor las denuncias que se presentan en contexto familiar y actúe de oficio cuando se detecten posibles usos indebidos del sistema. Los niños no pueden ser instrumentos en litigios.
Rafael Guerra Álvarez, Magistrado Presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México: usted ha impulsado reformas importantes, pero los juzgados familiares siguen mostrando rezagos graves. Expedientes de custodia y convivencia que tardan años en resolverse no son justicia pronta. Es necesario agilizar procesos y priorizar el interés superior del menor.
Un ejemplo concreto: en el Juzgado Vigésimo Cuarto de lo Familiar de la Ciudad de México, a cargo del juez Alejandro Fernandez Hernández, hay casos con niños que llevan casi tres años varados en el escritorio, sin avances significativos en audiencias, periciales o resoluciones. Mientras, las infancias sufren la falta de convivencia con uno de sus padres. Eso no es impartir justicia; eso es permitir que el sistema falle a los más vulnerables.
Miren, esto no es una guerra de sexos. Es un problema de antropología social: cuando se interrumpe sin justificación el vínculo afectivo de un niño con uno de sus referentes principales, se siembra inseguridad emocional y resentimiento. La verdadera igualdad sustantiva pasa por garantizar que las decisiones judiciales pongan siempre primero el bienestar de las infancias, no los intereses de los adultos ni las estrategias de litigios rentables.
Basta de convertir a los niños en moneda de cambio. Basta de que abogados sin ética lucren con el dolor familiar. Basta de que las autoridades permitan que los expedientes se acumulen mientras las infancias esperan.
Al final del día, esto nos afecta a todos. Proteger la convivencia sana entre padres e hijos no es un favor a los adultos: es invertir en una mejor economía y en un mejor país. Porque ese resentimiento que hoy se genera en los niños —hacia los padres que los usan como rehenes o hacia el progenitor ausente por decisión judicial— se convierte en un balazo en el pie colectivo. Mañana tendremos adultos con menos capacidad de confiar, de relacionarse sanamente y de construir familias estables, lo que impacta directamente en la productividad, la cohesión social y los costos públicos.
La igualdad real se construye protegiendo el futuro. Familias más equilibradas, niños con arraigo sano y una sociedad más estable. Lo demás es puro ruido.
¿Y tú, lector de InformaBTL? ¿Sigues pensando que esto solo es “lucha de géneros”? Despierta. El que más pierde es el niño de hoy… y el México de mañana. Si quieres llevar tu mensaje con mayor impacto, fortalecer tu marca personal, posicionarte en nichos específicos o diseñar estrategias inteligentes con inteligencia artificial, yo te ayudo.
Soy Paco Santamaría, consultor en comunicación estratégica, mercadotecnia de nicho, conferencista y estratega en IA.
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¡Hasta la próxima, con la verdad sin adornos!
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