Infracciones identificadas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) es uno de los motivos por los cuales este organismo ha iniciado un procedimiento administrativo en contra de Airbnb y Booking.
De acuerdo con la procuraduría ambas marcas presuntamente han incurrido en violaciones a disposiciones legales por parte de Homeaway.
Información revelada a través de un comunicado de Profeco indica que en el caso de Airbnb dicho procedimiento ha sido motivado por acciones contrarias a lo que establece en su apartado de Términos de Servicios publicado en su página de Internet, acción que según la procuraduría viola la Ley Federal de Protección al Consumidor.
En una publicación de la Profeco retomada por el diario Milenio, este organismo señala que la empresa antes mencionada afirma que es una compañía prestadora de servicios de reserva de alojamiento, el cual ofrece experiencias especiales y de calidad. No obstante, en su apartado de “términos de servicio” Airbnb se deslinda de cualquier responsabilidad legal, ya que no se ocupan de vender, suministrar o gestionar el servicio entre sus socios comerciales con sus clientes, lo cual afirma una situación contraria a lo que su publicidad indica.
De igual forma en su contenido promocional muestra que sus comisiones son las más bajas del mercado, ya que van de 3 a 5 por ciento; no obstante en dicho apartado comunican que su comisión puede ir desde 3 a 20 por ciento, adicional a una carencia de domicilio fiscal en México, lo cual impide que los consumidores tengan acceso a información de la empresa o a presentar una queja.
Datos revelados por Statista muestran que hasta mayo 2017 Airbnb era la segunda empresa prestadora de servicios de reservaciones más reconocida por consumidores en Estados Unidos (47%); mientras que Tripadvisor se ubicó como la primera marca más reconocida (56%).
En lo que respecta a su procedimiento en contra de Booking, Profeco señala que este se relaciona con prácticas abusivas por parte de la empresa, ya que en sus términos se deslinda de toda responsabilidad legal que derive de la prestación de cada servicio que comercializa.
