• Apple es la empresa de tecnología más valiosa del mundo con 309.53 MMDD, por arriba de Samsung con 30.37 MMDD, según Kantar Millward Brown.

  • Los ingreso de la empresa liderada por Tim Cook durante el 2019 llegaron a los 260.17 MMDD, según datos de Statista.

  • Para el 2023 se espera que el gasto del consumidor global en tecnología sume 2.06 billones de dólares, según IDC.

Algo que se ha criticado por muchos años de distintas empresas es el uso que hacen de la obsolescencia programada. Es decir, la creación de productos, diseñados para eventualmente fallar y que los consumidores tengan que adquirir uno nuevo. Una de las empresas que ha sido señalada por en distintas ocasiones es Apple, la cual fue acusada por la justicia italiana por no avisarle a los usuarios que una actualización en el sistema operativo de sus iPhones podría hacer que el rendimiento del dispositivo disminuyera.

En su momento, Apple decidió apelar la sentencia de la justicia italiana, la cual consistía en una multa por 10 millones de euros, pero el lunes primero de junio se dio a conocer que la empresa liderada por Tim Cook es culpable de los cargos que se le imputan, por lo que no tendrá de otra más que pagar la cifra impuesta por el gobierno europeo.

La sentencia apelada corresponde a la denuncia que originalmente había puesto la Autoridad Garante de la Competencia y el Mercado (AGCM), en la cual se acusa a Apple de no informar a sus usuarios que con la actualización 10.2.1 del sistema operativo iOS en los dispositivos iPhone 6.6 Plus, 6s y 6s Plus, el rendimiento de la batería de dichos aparatos bajaba o definitivamente tenía que ser cambiado por otra.

El Tribunal Administrativo Regional del Lacio fue la institución que rechazó el recurso impuesto por Apple, ya que la falta de dicha información provocó que los consumidores no tomaran su decisión de compra de manera informada, además tampoco brindaba información sobre el uso correcto del dispositivo, lo cual implicaba que eventualmente lo tuvieran que cambiar por uno nuevo, lo cual contraviene al artículo 22 del Código del Consumidor en Italia.

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