El aguinaldo de 30 días todavía no está aprobado. Al 22 de julio de 2026, el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo mantiene un mínimo de 15 días de salario, pagadero antes del 20 de diciembre. Quienes no completen el año conservan el derecho a la parte proporcional. La discusión volvió a la agenda con una nueva iniciativa promovida por Eduardo Gaona Domínguez, diputado de Movimiento Ciudadano, pero el planteamiento más reciente no propone duplicar inmediatamente el aguinaldo para todos: busca aumentarlo conforme a la antigüedad.
¿Cómo quedaría la propuesta más reciente sobre el aguinaldo de 30 días?
El proyecto presentado ante la Comisión Permanente plantea esta escala:
| Antigüedad | Aguinaldo mínimo |
|---|---|
| De 1 a 2 años | 15 días |
| De 3 a 4 años | 20 días |
| De 5 a 7 años | 25 días |
| A partir de 8 años | 30 días |
Las personas con menos de un año seguirían recibiendo la parte proporcional. La reforma modificaría el primer párrafo del artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Este modelo intenta reducir la resistencia empresarial frente a un aumento inmediato de 100% y, al mismo tiempo, vincular la prestación con la permanencia laboral.
Hay otra propuesta muy parecida, pero no idéntica
Parte de la confusión mediática se debe a que Movimiento Ciudadano también presentó, en noviembre de 2025 y nuevamente en marzo de 2026, otro esquema progresivo:
- Primer año: 15 días.
- Segundo y tercer año: 20 días.
- Cuarto y quinto año: 25 días.
- Desde el sexto año: 30 días.
La Gaceta Parlamentaria señala que esta iniciativa había sido turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social en diciembre de 2025, pero no fue dictaminada dentro del plazo, por lo que fue presentada nuevamente para mantener vivo el proceso.
Por ello circulan versiones que hablan de alcanzar los 30 días después de seis años y otras que colocan el umbral en ocho años. No son necesariamente errores: corresponden a proyectos diferentes dentro de una larga colección de propuestas sobre el mismo tema.
No es la primera vez que se intenta
El debate viene de décadas atrás. En febrero de 2024, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado aprobó una reforma que pretendía elevar directamente el aguinaldo de 15 a 30 días. Sin embargo, el proyecto no completó el proceso legislativo y la LXV Legislatura terminó sin convertirlo en ley.
Durante la actual legislatura se han presentado múltiples iniciativas. Un recuento publicado en julio de 2026 identificó 12 proyectos en los últimos dos años: la mayoría busca incrementar el número de días, mientras otros pretenden eliminar o reducir el ISR aplicable al aguinaldo.
¿Por qué los legisladores quieren aumentarlo?
Los promotores sostienen que el mínimo de 15 días se ha mantenido prácticamente congelado durante cinco décadas y que ya no corresponde al costo de vida ni a las necesidades económicas de las familias. También utilizan como argumento la diferencia entre el sector privado y parte del servicio público federal. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece un aguinaldo de, al menos, 40 días de salario, dividido generalmente en dos pagos.
Para Movimiento Ciudadano, el esquema progresivo reconocería tanto el trabajo anual como la permanencia en una empresa, sin imponer desde el primer día el costo máximo de la reforma.
¿Cuál sería el costo para las empresas?
En términos estrictamente salariales, pasar de 15 a 30 días representa añadir otros 15 días de sueldo al año por cada trabajador. Eso equivale aproximadamente a 4.11% del salario base anual, antes de considerar efectos fiscales, contables o de seguridad social.
Con un sueldo mensual de 15,000 pesos:
- Aguinaldo actual de 15 días: 7,500 pesos.
- Aguinaldo de 20 días: 10,000 pesos.
- Aguinaldo de 25 días: 12,500 pesos.
- Aguinaldo de 30 días: 15,000 pesos.
El esquema progresivo distribuye el costo, pero no lo elimina. Además, podría generar concentraciones de gasto distintas dependiendo de la antigüedad de la plantilla.
Coparmex ha advertido que una duplicación inmediata elevaría 100% el costo directo de esta prestación y afectaría especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan la enorme mayoría de los negocios mexicanos.
El punto débil de la propuesta progresiva
El modelo por antigüedad resulta políticamente más viable, pero crea una tensión: premia la permanencia, no necesariamente la productividad o las condiciones del empleo. También puede producir efectos no deseados. Como inferencia, una empresa con alta rotación tendría una obligación menor que otra que conserva trabajadores por largos periodos. Los escalones podrían incentivar retención, pero también volver más costosa la contratación de personal con antigüedad acumulada o generar presión antes de llegar a cada umbral. Estos riesgos no significan que ocurrirán automáticamente, pero deberían analizarse en el dictamen y en una posible transición.
También surge una pregunta de justicia laboral: una persona que cambia de empresa para crecer profesionalmente reiniciaría el conteo, aunque tenga una larga trayectoria laboral. El beneficio reconoce la fidelidad hacia un patrón específico, no los años totales de trabajo.
¿Qué falta para que sea ley?
La iniciativa todavía debe ser analizada y dictaminada en comisión, discutida y votada por ambas cámaras, promulgada por el Ejecutivo y publicada en el Diario Oficial de la Federación. Mientras eso no ocurra, ninguna empresa está obligada a pagar 20, 25 o 30 días por esta propuesta.
Tampoco existe, por ahora, una fecha cierta para su aprobación o entrada en vigor.
La lectura política y empresarial
El cambio más relevante no es que haya otra iniciativa, sino que el Congreso parece buscar una fórmula intermedia para destrabar una reforma que ha fracasado repetidamente. El incremento por antigüedad intenta conciliar dos fuerzas: la demanda de mejorar una prestación congelada durante décadas y la advertencia empresarial sobre el impacto de duplicarla de golpe.
La discusión seria no debería reducirse a “trabajadores contra empresas”, el Congreso tendría que definir una transición previsible, evaluar el impacto por tamaño de empleador, evitar incentivos a la rotación y decidir si el objetivo es premiar la antigüedad o elevar de manera universal el ingreso anual.
La conclusión es clara: el aguinaldo de 30 días sigue siendo una propuesta, no un derecho vigente. Pero la aparición de esquemas progresivos indica que el debate ya no gira solamente alrededor de si debe aumentar, sino de cuánto tiempo y qué condiciones necesitará México para hacerlo sostenible.
