La paralización de más de 300 sucursales de la institución prendaria ha sumido al organismo en una crisis sin precedentes, mientras se investigan los bienes del dirigente sindical. Arturo Zayún González, secretario general del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad (SNETNMPEPPSF), y dos de sus hermanos han amasado una fortuna inmobiliaria valuada en más de 300 millones de pesos, según una investigación de la plataforma Xpectro FM.
Crisis en Monte de Piedad abrió caso del líder sindical
El reportaje exhibe que Zayún González, al frente del sindicato durante más de 25 años, adquirió al menos 17 propiedades entre San Luis Potosí y Quintana Roo mediante pagos en efectivo y con valores declarados muy por debajo del mercado real. Estas operaciones generan serias cuestionamientos sobre la transparencia en el uso de recursos sindicales y del propio gremio.
En paralelo, la huelga impulsada por el sindicato contra la institución acusada de intentar modificar el contrato colectivo suma presión: trabajadores denuncian hostigamiento y despidos, mientras los derechos de los afiliados se encuentran en el centro del conflicto. La sospecha de que esa movilización esté vinculada a intereses personales de la dirigencia encendió aún más el foco mediático.
Parte de la supuesta fortuna del líder sindical del Monte de Piedad
Las propiedades identificadas incluyen residencias en clubes exclusivos, fincas de descanso y locales que funcionarían como joyerías y bienes inmuebles para renta. Por ejemplo, una casa adquirida por 2.6 millones de pesos declarados estaría valuada entre 17 y 49 millones reales. Además, la investigación documenta una red familiar de adquisición donde los hermanos Roberto y Gustavo Zayún serían actores clave.
Más investigación
La crisis se agrava al considerar que el Monte de Piedad representa un servicio social esencial: su paralización afecta a deudores prendarios, empeños y clientes que dependen del servicio. Que el conflicto salarial y laboral se combine con revelaciones de enriquecimiento pone en entredicho la legitimidad del liderazgo y el funcionamiento del órgano institucional.
Ante este escenario, las exigencias apuntan a una auditoría integral, transparencia en el manejo de recursos y una investigación formal tanto sobre la conducta de la dirigencia sindical como sobre el destino de los fondos del gremio. El verdadero costo de esta crisis puede ser la pérdida de confianza en una institución centenaria y la paralización de su misión social.
