Transportistas de agua se manifestaron este viernes en municipios del Estado de México, particularmente en Texcoco, debido al cierre de más de 40 pozos de agua en la región como parte de un operativo estatal y federal.
El operativo se denomina Operación Caudal, y está impulsado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y otros cuerpos federales para investigar la extracción, distribución y comercialización ilegal de agua.
Motivos del cierre de pozos de agua
Según las autoridades, los pozos clausurados operaban sin la debida autorización o eran parte de redes dedicadas al “huachicoleo del agua” —esto es, la extracción no autorizada o venta irregular del recurso hídrico—.
Se detalló que en al menos 48 municipios se intervinieron pozos y tomas clandestinas, se aseguraron pipas y vehículos implicados.
La intención declarada es garantizar el abastecimiento legal para la población y frenar el lucro o acaparamiento del agua.
Impactos para los piperos y la población
Los manifestantes denuncian que el cierre les dejó sin su fuente de ingreso, ya que distribuían agua a comunidades, colegios, hospitales y hogares donde no llega el servicio de red potable.
Asimismo, advierten que la medida afecta al suministro en zonas vulnerables, lo que podría agravar el desabasto.
Por su parte, el gobierno estatal aseguró que los pozos oficiales no fueron intervenidos, pero los transportistas sostienen que varios de los pozos clausurados sí tenían permiso y operaban de forma regular.
Reacción y exigencias
Los piperos exigen al gobierno estatal —y en particular a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez— así como a autoridades municipales, que se les permita reanudar su actividad o que se les ofrezca una alternativa que evite su paro económico.
Advierten que de no obtener una respuesta clara, emprenderán bloqueos carreteros en la zona oriente del Valle de México.
¿Qué viene?
Se espera que en los próximos días se instale una mesa de trabajo entre los transportistas, autoridades del Estado de México y Conagua, para determinar qué pozos pueden operar legalmente, qué criterios se usarán, y cómo se garantizará que el cierre no provoque afectaciones serias en el abastecimiento de agua para la población.
