Como si se tratara de una broma —aunque no lo es—, la inmobiliaria Keller Williams Metropolitan ha puesto en venta la Isla Cerralvo, también conocida como Isla Jacques Cousteau, una joya natural ubicada frente a La Paz, Baja California Sur. La oferta, publicada en plataformas de compraventa como Mercado Libre, ha generado un intenso debate entre ciudadanos, autoridades y defensores del patrimonio natural de México.
La empresa encargada de la transacción, Keller Williams Metropolitan, es reconocida en el sector inmobiliario y tiene al menos 54 propiedades listadas en el marketplace digital. Sin embargo, la venta de una isla que forma parte de un área natural protegida y que fue nombrada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2005 ha encendido alarmas y cuestionamientos legales, ambientales y éticos.
De acuerdo con la Constitución Mexicana, en su artículo 27, las tierras y aguas del territorio nacional pertenecen originalmente a la nación. Aunque se establece que extranjeros pueden adquirir derechos sobre propiedades en México, deben hacerlo bajo estrictas condiciones: someterse a las leyes mexicanas y renunciar a invocar la protección de su país de origen respecto a dichas propiedades. Aun así, vender una isla protegida no es un trámite simple ni habitual.
La descripción de la venta resalta un ambicioso proyecto de desarrollo sostenible. Según lo publicado, la isla de 11,300 hectáreas está pensada para integrar infraestructura de transporte marítimo, aéreo y terrestre —incluyendo aeropuerto y ferri—, hotelería ecológica, viviendas sostenibles, villas ecológicas y extensas zonas de ecoturismo. Entre las actividades previstas se encuentran senderismo, observación de aves, pesca deportiva, deportes acuáticos y campamentos juveniles.
Además, el proyecto contempla la instalación de energías renovables, como plantas hidroeléctricas, eólicas y de energía marítima, junto con plantas de tratamiento de aguas residuales, potabilizadoras, represas para almacenamiento de aguas pluviales y centros de manejo de residuos sólidos urbanos. La promesa es clara: desarrollar un destino turístico y residencial ecológico que combine conservación ambiental con infraestructura de primer nivel.
A pesar de la atractiva narrativa de sustentabilidad, la noticia de la venta causó gran inquietud. El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, declaró públicamente que la Isla Cerralvo sí tiene dueño: pertenece a una familia sudcaliforniana de apellido Ruffo, por lo que su administración no puede intervenir directamente. Sin embargo, también manifestó su total desacuerdo con este tipo de privatizaciones. “Aunque sea patrimonio de la nación y sea privado, yo me opongo a la privatización de nuestras islas y terrenos”, afirmó Castro Cosío.
El origen de la situación se remonta a décadas atrás. En el pasado, algunas islas fueron otorgadas o vendidas a particulares en condiciones que hoy serían impensables, en un contexto legal y social muy distinto al actual. Aunque en teoría estos predios forman parte del patrimonio nacional, su situación legal permite que algunos continúen en manos privadas, una paradoja que genera confusión y malestar entre quienes consideran que estos espacios deberían ser protegidos de manera inalienable.
El caso de Isla Cerralvo pone sobre la mesa importantes interrogantes: ¿Cómo es posible vender una isla protegida y patrimonio de la humanidad? ¿Qué mecanismos legales permiten que un espacio natural de esta relevancia sea ofrecido en un marketplace junto a apartamentos y terrenos urbanos? ¿Puede un proyecto inmobiliario, aunque sea de carácter “sostenible”, justificar la comercialización de ecosistemas únicos?
Por ahora, el anuncio de venta sigue activo y la polémica también. Mientras tanto, expertos en derecho ambiental, organizaciones de la sociedad civil y habitantes de Baja California Sur observan con atención, debatiendo el futuro de una isla cuyo valor ecológico y cultural trasciende cualquier oferta económica.
El desenlace de esta historia podría sentar un precedente en la protección (o vulnerabilidad) de los bienes naturales en México. Lo cierto es que, más allá de su estatus legal, Isla Cerralvo —o Jacques Cousteau, como se renombró en honor al famoso oceanógrafo— es un símbolo de la biodiversidad marina y del patrimonio que, muchos consideran, debería permanecer en manos de la nación y ser resguardado para futuras generaciones.
